Administración Pública y Programas Gubernamentales

Garcilazo Zenteno Melissa Carolina
Guadarrama Garcia Octavio
Guevara Miravete Julio César
Maciel Xochicale Eduardo
Mateos Ventura Carlos
Rocha García Rodrigo
Sereno Valencia Enrique

Introducción

La Administración Pública es parte de la Ciencia Administrativa la cual cuenta con métodos, procedimientos y técnicas las cuales son necesarias para el aprovechamiento de los recursos y la aplicación de ellos. Es de suma importancia que los servidores públicos conozcan de estas bases teóricas y de su funcionamiento puesto que ello tendrá trascendencia, ello les ayudara en sus actividades y en los fines del Estado.

El Estado se concibe como una corporación, se manifiesta en un espacio, otra de las características fundamentales del Estado es que actúa y se conduce de una manera autónoma e independiente.

La función del Estado es originar un conjunto de tareas o trabajos con la finalidad de lograr un bien común, el Estado es creado para servir y ordenar a la sociedad, su único fin es servir al pueblo que lo creo. Al hablar del bien común entendemos que son las necesidades de las cuales una sociedad no puede prescindir, el Gobierno es el órgano encargado de satisfacer esas necesidades.

Una de las funciones del Estado es la Administrativa, esta función es el conjunto de actividades encaminadas al cumplimiento o ejecución y a la satisfacción del interés del pueblo.

Conocemos como administración: “Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos”. Cuando hablamos de Administración Publica nos referimos a las técnicas, procedimientos y métodos generales de la administración con recursos públicos. La administración pública se entiende desde dos puntos de vista: un orgánico en el cual se refiere al conjunto de órganos estatales que desarrollan la función administrativa y desde el punto de vista formal se entiende a la actividad que desempeña esta órgano.

Administración Pública

Woodrow Wilson, en su artículo “El Estudio de la Administración Pública “editado en 1887, apuntó: “La administración es la parte más sustentable del gobierno; es el gobierno en acción, es el conjunto del ejecutivo, operante, el más visible del gobierno, la administración está fuera de la esfera propia de la política. Las cuestiones administrativas no son cuestiones políticas. Aun que la política fija las tareas de la administración, no debe tolerarse que ella maneje las oficinas administrativas…”

En 1937 Luther Gulik delimitó el ámbito de la Administración Pública: “La administración pública es aquella parte de la administración que tiene que ver con el gobierno, y por lo tanto, se ocupa principalmente de la rama ejecutiva donde se hace el trabajo del gobierno, aun que evidentemente hay problemas administrativos también en relación con las ramas legislativa y judicial. La administración pública es, pues, una división de la ciencia política “

 

Pedro Muñoz Amato da una definición de Administración Pública en función de lo que considera sus elementos esenciales, “En un sentido amplio, es el conjunto de manifestaciones de conducta humana que determina cómo se distribuye y ejerce la autoridad política y cómo se atienden los intereses públicos”. Sus elementos esenciales son:

  • Planificación. La formulación de programas especialmente la integración de plan a largo plazo de gobierno.
  • Administración de personal. La selección, educación y dirección de las personas que han participado en las tareas gubernamentales
  • Organización y métodos. La ordenación de las estructuras institucionales: división de trabajo, jerarquías y relaciones de autoridad, controles, grado de centralización y descentralización, sistematización de procedimientos.
  • Relaciones de la rama ejecutiva con el público y con las ramas legislativa y judicial. El sistema de gobierno en su significado total, incluyendo consideraciones específicas sobre las relaciones  diversas partes y la responsabilidad de los administradores ante el pueblo…”

 

Jiménez Castro apunta: “La administración Pública para el desarrollo integrales el conjunto de instituciones que facilitan la transformación y el progreso, através de factores educativos, políticos, socioculturales, económicos y morales de cada hombre y de cada país”

 

El tipo de Administración Pública al cual se tiende está caracterizado por los siguientes elementos:

  • Una Administración Pública ligada a las demandas de la ciudadanía, capaz de reaccionar en tiempo real a los requerimientos que la sociedad hace y que tenga la posibilidad de no burocratizar el concepto de calidad del servicio público. Esto significa que el criterio de calidad dominante no puede ser el que impongan los agentes de la prestación del servicio, sino que deriva del grado de satisfacción que la ciudadanía obtiene. Como se puede apreciar, este punto de vista implica una transformación radical del concepto prevaleciente en el sector público, el cual tiende a verse a sí mismo como la medida de las cosas.
  • Desarrollar la capacidad del Estado para la formación de las políticas públicas. Una de las insuficiencias recurrentes que se anota es la ausencia de mecanismos y funcionarios idóneos para concebir, elaborar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas públicas. Frecuentemente el resultado es la carencia de información suficiente, contradicciones entre las políticas, ausencia de elementos para el análisis de su impacto y una sistemática incapacidad de seguimiento.

La Administración Pública de un Estado moderno tiene que plantearse la superación de esta limitación como condición para plantearse el logro de objetivos de carácter estratégico.

  • Desarrollo de la fiscalización y control. Una de las restricciones que caracteriza al aparato público es su carácter refractario a los procesos de fiscalización y control, en particular a los mecanismos de control de gestión. Muchas veces se produce una inercia destinada a hacer cada vez más complejos los procedimientos y trámites en los cuales la necesidad de control aumenta y la posibilidad de lograrlo prácticamente desaparece.
  • Sí los mecanismos de control interno de un organismo no son aptos, si el control externo estatal también es distante, mucho menos  campo de manifestación tiene el que pudiera ejercer la sociedad civil através de sus formas de expresión y organización. Abrir la Administración Pública a procesos de control es una de las tareas fundamentales, lo cual requiere una simplificación de los procedimientos y una capacidad de intervención real de la sociedad civil.

 

Se requiere una Administración Pública que tenga la capacidad de adaptarse a las situaciones de crisis y manejarlas con eficacia. El estilo tradicional es construir instituciones y dinámicas administrativas para situaciones de relativa calma, en la cual los receptores de la acción administrativa pública tienen forzosamente que someterse a los ritmos que ésta les impone.

El desarrollo de la capacidad de negociación política es otro elemento sumamente importante para la Administración Pública moderna. Tanto en lo que se refiere a la negociación hacia el interior de las instituciones públicas, como respecto de las instituciones y sectores externos, sean políticos, gremiales, sindicales, empresariales o de cualquier otro orden.

 Planes Gubernamentales

 Cuando hablamos de políticas públicas nos remontamos a la idea de ubicar nuestros problemas. Al hablar de problemas sociales, pensamos en herramientas para solucionar los mismos. En nuestro país recurrimos a dos principalmente: gobernar por leyes y gobernar por planes.

La primera se refiere a la detección de un problema así como sus respectivas consecuencias, al ser identificados estos pueden prevenirse con la aplicación de un marco jurídico que genere leyes que lo regule.  Pero generar leyes no es generar políticas en sí.

La segunda es gobernar por planes: La cual tiene como objetivo que al diseñar un proyecto se solucionaran los problemas. Pero para nosotros es un arma de dos filos, ya que no permite al político poner atención a los cambios propios de la dinámica social. La sociedad cambia constantemente así como los problemas que le aquejan, por lo que no podemos hacer un plan para solucionar un problema en un cierto periodo, ya que el problema de un día para otro puede cambiar o su raíz puede cambiar y el plan estaría muy lejos de cumplir su objetivo eficaz y eficientemente.  Siendo más formales recordemos que en ciencias sociales los procesos no son estáticos, de tal modo que un plan por muy bien diseñado que este, no contemplara las variables que puedan aparecer o cambiar.

Enfocándonos en los planes gubernamentales, podemos observar que la detección de un problema público, tiene que ver con un problema privado de trascendencia pública , lo cual quiere decir que un problema publico implica problemas individuales pero no aislado, por lo tanto esta manifestación de problemas individuales hacen un problema público es de implicación gubernamental.

Para dar solución a estos problemas públicos el gobierno se ve obligado a seleccionar que problemas son más importantes para resolver, debido a que cuenta con recursos limitados (por recursos no solamente nos referimos a los financieros, también tiempo personal, etc.), con esto tiene que dejar algunos problemas fuera.

Llegamos a la parte interesante, en la que el gobierno se hace las preguntas ¿Qué es más importante resolver entre los problemas x, y, z? ¿es más importante la generación de empleos, ceder a la inversión privada, ayudar a comunidades indígenas, ayudar a la población desnutrida, construir vías de comunicación, combatir a la delincuencia? ¿Qué es prioridad y que no? ¿Resolver lo inmediato o lo urgente?

Después de esto llegamos a la parte en la que se implementan los planes de gobierno, se pone en práctica el modelo que se escogió para la resolución de los problemas identificados. 
Lo que nos lleva a hacernos el siguiente planteamiento. ¿Por qué falla la implementación de los planes si el diseño del mismo es eficiente?

Como hemos mencionado anteriormente las ciencias sociales son muy variables, tenemos distintos escenarios, distintos actores políticos, distintos intereses, con lo cual el modelo no se adapta.

Además de que la implementación del plan gubernamental es un proceso inmerso en juegos de poder, aquí nos encontramos cara a cara con la corrupción, que desvía de los objetivos a los actores políticos y por ende el plan fracasa quedando muy lejos la eficacia y eficiencia del mismo.

¿Quién los propone?

Lo primero que se me viene a la mente, respecto a la pregunta planteada, seria que la sociedad conjuntamente tendría que proponer los planes gubernamentales, o al menos ser inspiración para estos se basaran en las necesidades y cambios que requiere, pero la pregunta es mucho más amplia y requiere de un pequeño análisis.

Primeramente sería bueno mencionar que la responsabilidad debería ser de toda la población, es decir, de los partidos políticos, organizaciones de sociedad civil, y gobierno;  tendría que ser un compromiso respaldado y exigido por todos. Me gustaría mencionar una frase muy popular que habla al respecto la cual es la siguiente “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”, y creo que esto es muy cierto, y lo digo por lo siguiente.

Se bien los planes gubernamentales son llevados a cabo por las personas que ostentan el poder y estos a su vez son manipulados por los intereses de empresas o personas con un poder económico tremendo, en una primera  instancia nos tocaría intervenir a nosotros, es decir, al resto de la población, si los planes que se efectúan o piensan realizarse afectan a la sociedad. Para que la nación Mexicana cambie, primero tendría que cambiar cada persona y ser más exigentes con las autoridades que los representan.

Un idea que tengo yo acerca de quien propone los planes gubernamentales es la siguiente; en el diario el universal hay un artículo de Ricardo Rocha llamado Mensaje presidencial: forma y fondo, en sus primeras líneas  se escribe lo siguiente “Así que hemos transitado históricamente del día del presidente, al día contra del presidente y ahora a la reunión de amigos con el presidente”; con esto quiero decir que al primer informe de gobierno del presidente de México asistieron solo 600 personas, que son las más influentes y poderosas económicamente, políticamente y culturalmente hablando. (Rocha)

Esto comprueba que las decisiones de gran importancia son guiadas y abaladas solo por un sector muy estrecho del total número de la población.

Finalmente concluyo que los planes de gobierno son  propuestos por elites de las clases gobernantes y del sector empresarial, muchas veces solo buscando el beneficio propio si preocuparse por el bienestar de la población, un ejemplo muy claro es, la reforma energética, que de aprobarse solo beneficia a pocas personas  y el resto del pueblo pagaría por todos los recursos que dejara de aportar al gasto público esta importante empresa, la población  terminara pagando más impuestos, y la clase más vulnerable será la más afectada.

¿Quiénes legitiman los planes gubernamentales?

Legitimidad. sociol. Principio de reconocimiento de la autoridad del poder político, por el cual esta autoridad queda justificada ante los gobernados

La legitimidad proviene del término latino legitimare, que significa hacer cumplir la ley. En este sentido, la legitimidad es transformar algo legal en legítimo, es decir, algo que cumple lo impuesto por la ley y además se considere un bien para todo el conjunto de la sociedad de acuerdo a los parámetros específicos de la misma.

 

La planeación que elabora el sector público es poco efectiva, en términos de la consecución de los objetivos que se establecen en los planes porque normalmente se le considera como un ejercicio técnico que debe realizarse por mandato constitucional, algunas veces con participación limitada de ciudadanos mediante “foros de consulta”. El resultado con frecuencia es la elaboración de un documento que no rige cabalmente el proceso de toma de decisiones. A pesar de ello nadie puede cuestionar la trascendencia de la planeación para un ejercicio público responsable.

La planeación se define y sustenta en el artículo 26 de nuestra Constitución, que le dedica cuatro párrafos. En ellos se establece la responsabilidad del Estado en la materia que se ejerce a través de un sistema de planeación democrática. El carácter democrático de la planeación estriba en el mandato constitucional de que el Poder Ejecutivo realice una “consulta” antes de elaborar un plan entre los “sectores sociales” para que éstos tengan la oportunidad de emitir comentarios y opiniones respecto a las necesidades sociales o sectoriales para que sean incluidas en el plan

El mandato al gobierno federal no se repite, al menos no en la misma forma, en los gobiernos estatales y municipales, que no siempre incluyen en su constitución o ley orgánica municipal la obligación de elaborar planes de desarrollo, no obstante lo cual se observa que esta práctica, casi ritual, se realiza puntualmente en el inicio de cada gobierno. Tampoco se observa que los gobiernos estatales dispongan de una verdadera estrategia de planeación para hacer operativa esta obligación local. Menos aún los gobiernos municipales, pues si bien se les manda organizar comités municipales de planeación del desarrollo en casi todas las leyes orgánicas de las entidades federativas, poco pueden hacer frente a las exigencias mínimas de la instrumentación logística y práctica de una planeación digna de tal nombre.

Las relaciones entre las dependencias y entidades del sector público tienen realmente muy poco de funcionales, y aún menos de articuladas; de ello puede dar fe cualquier investigador o funcionario público que haya analizado o padecido las neurosis instrumentadoras que sufren quienes elaboran los programas donde se involucra más de una dependencia. Puesto que las dependencias de un mismo orden se consideran iguales, se da una lucha entre ellas a través de funcionarios de distinto nivel, que desean imprimirle su lógica al programa común. Aun cuando son copartícipes de los resultados del programa, ninguna responde en realidad por el fracaso, mientras que si se alcanza el éxito cuando extraña o fortuitamente se logra, siempre tiene paternidades ilegítimas.

Normalmente la participación se reduce a organizar de foros de consulta en los que participan muy pocos representantes legítimos de los diferentes grupos de interés

Los municipios rurales e indígenas se encuentran inmersos en un círculo vicioso que inicia en la precariedad de su aparato productivo y que se traduce en un gobierno municipal con escasas capacidades para promover el desarrollo y la planeación local. Por otra parte, estos municipios están fuera de la estrategia de desarrollo del país, por lo cual se tienen que articular a políticas del gobierno federal y estatal de compensación que no se dirigen a fortalecer las capacidades municipales para realizar tareas de promoción del desarrollo. Aún más, los gobiernos federales y estatales no tienen políticas flexibles que pudieran apoyar las diversas formas de organización social derivadas de la presencia de distintos patrones culturales

Durante varios años nuestro país vivió sin reglas ni instituciones que se preocuparan por la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales. México acusa un gravísimo índice de deterioro ambiental que en algunos casos se avizora irreversible. En la población no existe una cultura de la preservación ni se observan esfuerzos serios y efectivos para crearla.

Se requiere una visión que considere la variable ambiental como un importante factor de desarrollo económico que vea en una buena regulación no una traba, sino la garantía de que las empresas que utilizan recursos renovables podrán seguir contado con insumos.

La riqueza se distribuye cada vez peor y la brecha entre ricos y pobres crece, sin que se avizore capacidad ni voluntad para frenar tan perversa tendencia.

 

Debido a nuestro centralismo de facto, las mayores cantidades de dinero y los programas son ejercidos por la federación máxima concentradora de recursos tomando en cuenta cada vez menos a las comunidades periféricas. Debido a esto, buena parte de los recursos destinados a la promoción del desarrollo de las zonas depauperadas de nuestro país difícilmente llegan a sus destinatarios, ya que atraviesan por varias represas que lo adelgazan, como la burocracia, el corporativismo y la corrupción.

Es difícil legitimar los planes gubernamentales, pues no se le dá participación a la sociedad en la elaboración de estos y menos la publicación de sus avances, esto constituye que solo sean legales pero no legítimos, pues muchos ni siquiera son informados en las comunidades a las que son dirigidos, es cuando algunos funcionarios se aprovechan para desviar los recursos y gastarlos en otra cosa en lugar de destinarlos al desarrollo del plan.

Por eso la única forma legal y que evita corrupción y desviación de recursos son las auditorías, por medio de estas se puede saber si los planes se están llevando a cabo y si los recursos han sido bien utilizados en la ejecución de los planes y programas gubernamentales.

 

Auditoría gubernamental

La Auditoría Gubernamental es el mejor medio para verificar que la gestión pública se haya realizado con economía, eficiencia, eficacia y transparencia, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. La auditoría se ha convertido en un elemento integral del proceso de responsabilidad en el sector público. La confianza depositada en el auditor gubernamental ha aumentado la necesidad de contar con normas modernas que lo orienten y permitan otros se apoyen en su labor.

Es la revisión y examen que llevan a cabo las entidades fiscalizadoras superiores a las operaciones de diferente naturaleza, que realizan las dependencias y entidades del gobierno central, estatal y municipal en el cumplimiento de sus atribuciones legales.

 

Sus objetivos son:

Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.

Determinar la razonabilidad de la información financiera.

Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos previstos y los resultados obtenidos en relación a los recursos asignados y al cumplimiento de los planes y programas aprobados en la entidad examinada.

Recomendar medidas para promover mejoras en la gestión pública.

Determinar que se estén llevando a cabo los programas legalmente autorizados.

Averiguar si los recursos humanos, materiales y financieros son utilizados de manera eficiente.

Rentas e ingresos correctamente determinados.

Uso eficiente y económico de los recursos.

Comunicar oportuna y claramente a la gerencia de las entidades y a otros niveles de gobierno sobre todo hallazgo significativo.

 

La auditoría gubernamental se caracteriza por:

1. Incluye evaluaciones, estudios, revisiones, diagnósticos e investigaciones .

2. Cumplimiento de disposiciones legales y objetivos de programas.

4. Verifica legalidad, veracidad y propiedad.

5. Evalúa operaciones, comparando con normas de rendimiento, de calidad u otras normas, como políticas, planes, objetivos, metas, disposiciones legales, principios generalmente aceptados y el sentido común.

La auditoría gubernamental, cuyo tipo se define por sus objetivos, se clasifica en auditoría financiera y auditoría de gestión o de desempeño

 

Para consolidar una administración pública saludable es necesario llevar a cabo medidas de evaluación que permitan conocer las puntos a favor y en contra, para atender Los cambios en la administración pública requieren que la actuación de los tres órdenes de Gobierno, como promotores del desarrollo y administradores de los recursos públicos, se realice con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Se presentan una serie de requerimientos de cambio en diversos aspectos de la administración pública y en los procedimientos que se realizan, de manera que se propicie el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información, así como de la administración financiera y la generación de cuentas públicas que permitan realizar una evaluación objetiva de las finanzas públicas y que a su vez  presenten las condiciones idóneas para llevar a cabo un modelo efectivo de fiscalización y rendición de cuentas, ya que permitirá fortalecer la comparabilidad de cifras y datos, así como las funciones de control de los recursos públicos. La presentación de información financiera muestra retos particulares en el ámbito municipal, ya que en algunos de ellos los registros contables se guían por ordenamientos locales y procedimientos, a veces incompletos, que no permiten hacer mediciones ni comparaciones con otros entes y en otros casos no existe metodología ni sistema alguno para llevar los registros.

Siguiendo a Ospina, Cunill y Zaltsman4, se puede afirmar que cualquier tipo de actividad o intervención gubernamental es susceptible de evaluación. En este sentido, estos autores proponen un modelo de análisis de la evaluación en tres niveles: de las políticas, de los programas y organizaciones, y, finalmente, de los funcionarios públicos. Con respecto al primer tipo –la evaluación de las políticas–, estos autores lo ubican en un macronivel de evaluación y consiste “en la evaluación del gobierno como [un] conjunto de instituciones comprometidas con una serie de políticas públicas que se han gestado democráticamente”

La evaluación implica, por tanto, un pronunciamiento sobre el valor de una intervención gubernamental, desde el punto de vista de la eficiencia, la eficacia, la legalidad, la transparencia o cualquier otro criterio de desempeño.

La evaluación de programas y organizaciones, encuadrada en un nivel intermedio de análisis o nivel meso, tendría una visión gerencial y se enfocaría a valorar el desempeño de las acciones y organizaciones gubernamentales concretas en la provisión de bienes y servicios públicos. Por último, la evaluación de los funcionarios públicos, o el nivel micro, consideraría la contribución específica que cada empleado público realiza para cumplir con los objetivos y las metas organizacionales y de la política pública en su conjunto.

Entre muchos de los retos de gran magnitud que ha asumió el Gobierno del Presidente Felipe Calderón, se encuentra el desarrollo y consolidación de un sistema de evaluación que permitió conformar una política sistemática de valoración de los resultados de la acción pública, por lo menos en lo que toca a las dependencias y programas federales. El así llamado Sistema de Evaluación del Desempeño, o SED por sus siglas, es producto de la adopción explícita y concreta del paradigma de la Gestión por Resultados (GPR) y su concomitante modelo de Presupuesto basado en Resultados (PBR)

El objetivo principal del SED es trasladar el actual mecanismo de planeación-programación-presupuestación del Gobierno Federal, dominado por la asignación de recursos a programas bajo una lógica inercial o de priorización política, hacia una configuración en la que los resultados y efectos de cada política o programa sean determinantes en la continuación o ampliación de sus actividades.

En términos formales el SED se define como “un conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, para conocer el impacto social y económico de los proyectos y programas”30. Su despliegue se da de forma integrada a partir del uso de sus principales componentes técnicos y que son los siguientes:

a)    Una estructura normativa integrada y hecha operativa por medio de unos “Lineamientos” técnicos que gozan de carácter obligatorio y que se integran adecuadamente en cada uno de los ejercicios fiscales.

b)    La formulación de un ciclo de evaluación para cada programa y política, consistente en las diversas modalidades establecidas por los Lineamientos de referencia que, sin ser excluyentes, permiten gran flexibilidad a los evaluadores y a los propios responsables de los programas bajo evaluación.

c)    El uso y apego a definiciones técnicas estrictas para cada tipo de evaluación, expresadas bajo la forma de “Términos de Referencia” que simplifican el diseño y aplicación de las evaluaciones.

d)    El uso del calendario fiscal como un ciclo anual que, al tiempo que obliga a las dependencias a evaluarse, ofrece la oportunidad de aprovechar los resultados para incidir en futuros ejercicios de programación y de presupuestación.

Un último punto a resaltar en la concepción del SED es que se contempla que las evaluaciones de programas podrán ser elaboradas por agentes externos tales como universidades, centros de investigación, consultoras y organizaciones civiles.

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como objetivo fundamental la instrumentación de presupuestos basados en resultados sobre la base de la información generada por la evaluación de programas. Su interés está fundamentalmente ubicado en los efectos que año tras año pueden tener las evaluaciones, perdiendo de vista que algunas de las recomendaciones que arrojan este tipo de ejercicios pueden requerir de varios ciclos anuales antes de su efectiva adopción.

En el caso de la SFP, su participación en el SED parece estar sometida a la propia lógica de desarticulación que muestra en su operación interna. Pese a contar con una Subsecretaría especializada en el desarrollo de instrumentos de mejora y evaluación del desempeño del Gobierno Federal, prevalece el sobrepeso de los auditores y del control jerárquico-burocrático que no es, necesariamente, un uso aceptable de la evaluación. Una instancia de carácter sectorial no puede desempeñar funciones de carácter global por mando legal limitadas a la SHCP y a la SFP

Bibliografía

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/34_D_1215_30-03-2007.pdf

http://www.orfis.gob.mx/guias2013/guia4.pdf

http://www.inap.org.mx/portal/images/REVISTA_A_P/rap121.pdf 

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Un pensamiento en “Administración Pública y Programas Gubernamentales

  1. Equipo ?. Muy buen desarrollo ya incorpora funciones avanzadas como las auditorias, en particular los elementos relacionados con la evaluación del desempeño y los aspectos económicos por resultados, Faltan conclusiones y evitar dividir los apartados o subtemas con preguntas

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